Ivan Yáñez: sentencia del TSJ es inconstitucional

Este jueves 24 de abril el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que establece para protestar es necesario contar con un permiso de las Gobernaciones o Alcaldías, de lo contrarío “podrá dar lugar a que los cuerpos policiales (...) actúen dispersándola”.

Inseguridad, desempleo, escasez, inflación, desabastecimiento y otros problemas que vive el país llevaron a los universitarios a convocar protestas en todo el país desde el pasado 12 de febrero.

Desde aquel día las manifestaciones continúan casi de manera ininterrumpida, sumándose a ellas varios sectores de la sociedad civil. Algunas involucraron cierre de vías, tomas de plaza o concentraciones permanentes en zonas muy concurridas.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana han disueltos estas protestas con bombas lacrimógenas y perdigones, alegando que violaban el derecho al libre tránsito del resto de la colectividad. Tal acción generó enfrentamientos violentos entre civiles y efectivos castrenses. Allanamientos, detenciones, heridos y algunas muertes no fueron suficientes para acabar con las concentraciones.

Inconstitucional

Para el concejal del municipio Caroní, Iván Yáñez (PJ), esta es una “sentencia inconstitucional”, que está alineada a “un proceso político partidista”.

Apunta que se desconoce la protesta como un derecho fundamental, aun cuando está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Es un retraso para la sociedad y no va acorde con la evolución historia de la lucha por los derechos en Venezuela”, detalla.

Sostiene que el TSJ busca acabar con las manifestaciones que se desarrollan en distintas partes del país, intimidando a los ciudadanos. Yáñez advierte que esta medida puede tener consecuencias sumamente negativas.

Sin voz

El concejal rescata el valor de la protesta alegando que esta “ayuda a decirle al Gobierno: Yo tengo un problema, necesito que me prestes atención y me lo resuelvas”.

Explica que más allá del voto y esperar una elección para cambiar un funcionario, “la protesta es la herramienta del venezolano para hacerse sentir en una determinado estado de necesidad”.

Agrega que si afectamos el derecho a la protesta, la sociedad no avanza porque no tiene los mecanismos para exigir. Pero ahora ese derecho está atrapado dentro de un proceso burocrático.

 Ayuda internacional

El concejal Yáñez explica que Venezuela está suscrita a tratados internacionales que rigen los Derechos Humanos, donde está consagrado el derecho a manifestar.

Considera que la sociedad civil y las ONG deben hacer el llamado a los órganos internacionales y explorar todas las vías para revertir esta decisión.

Buscando la tranquilidad

El Concejal Aquiles Campos (Psuv), vicepresidente de la Cámara Municipal, indica que la “protesta pacífica dentro del marco legal” existe y las personas “están en su derecho”, pero critica que “un pequeño grupo” busque entorpecer la tranquilidad de los ciudadanos.

Alega que las “guarimbas y protestas violentas” privan el libre tránsito y afectan el bienestar del colectivo, por lo que aplaude y está de acuerdo con la sentencia del TSJ, añadiendo que es
ta busca evitar las protestas agresivas.

Explica que en el caso de las comunidades que desean mejoras en sus servicios, tendrán que explicar por qué y cómo van a protestar.

Sostiene que las protestas deben ser pacificas siempre, “para que el llamado llegue a los entes y estos puedan solucionar”.

Indica que la solicitud del permiso puede dar pie para que las instituciones realicen mesas de trabajo o asambleas ciudadanas y den respuestas a las comunidades.

Ciudadanos renuentes

Campos reconoce que “siempre habrá quienes se resistan a la norma”, por lo que corresponderá a los órganos competentes establecer las sanciones penales o administrativas según sea el caso.

Sostiene que los funcionarios de la GNB y policías harán cumplir esta sentencia, actuando “dentro del marco de la ley”.

 Hace la salvedad de que estos funcionarios deben cumplir su función tratando al ciudadano como es debido y respetando los derechos humanos.

Autor: José Milano G.

Fuente: PRIMICIA