Escrito por Carmen Carrillo
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Una noche de terror fue la que se vivió este lunes en la sede de los tribunales de Ciudad Guayana, luego que el Tribunal V tomara la decisión de dejar presos a los cuatro dirigentes de la construcción y a la dirigente comunal, imputados por el presunto delito de extorsión contra una empresaria en el core 8.
Los trabajadores de la construcción inconformes con la decisión del tribunal prácticamente secuestraron la sede judicial e impidieron la salida hasta de los detenidos.
Del lado deadentro del Palacio quedaron la juez responsable del tribunal, el personal administrativo que se encontraba a esa hora; los cinco detenidos; el personal de la Guardia Nacional; el jefe del Circuito Judicial, Gilberto López, vigilantes y alguaciles.
Del lado afuera con barricadas de por medio y cauchos quemados, estaban los trabajadores de la construcción, con sus jefes al frente, los de la Federación de la Construcción y de los cinco sindicatos que hacen vida en la región.
Por la representación de la autoridad hizo acto de presencia el Comandante del destacamento 88, Alejandro León y momentos más tarde, llegó el jefe del comando regional número 8, General de Brigada Luis Arrayago Coronel, quienes después de mucho conversar, sólo lograron que a la 1 de la madrugada se hiciera el cambio de guardia de los 8 efectivos militares que estaban dentro para que estos salieran y entraran los nuevos y que el juez rector Gilberto López, saliera en su vehículo particular a buscar comida para la gente que se encontraba del lado adentro.
Hoy en la mañana, los trabajadores de la construcción continuarán en su protesta porque ellos aseguran que lo que ha habido es una violación a los derechos de los trabajadores.
Los abogados Francisco Natera, José Gregorio Beria, Miguel Plaz y Alexis Rivas, defensores de los cuatro dirigentes sindicales y de la dirigente comunal de la parroquia Universidad, sector Toro Muerto, y activista del Psuv, cuando opusieron argumentos en la audiencia de presentación solicitaron la nulidad de la acción artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando para ello que para que se realice una entrega controlada, debe fiscalía pedir la orden judicial al tribunal de guardia, cosa que nunca ocurrió.
También calificaron como exabrupto legal el hecho de que se les hubiera bloqueado las cuentas y les hubieran incautado sus bienes, cuando por ejemplo en el caso de la dirigente comunal Katthy del Valle Alayón, vive en una barraca.
Desde el principio, la dirigencia del sector construcción ha asegurado que estos dirigentes sindicales no estaban extorsionando al empresario dueño de los cinco galpones que generaron este disturbio, que por cierto es la primera vez que ocurre en la historia de los tribunales de Ciudad Guayana.
El único antecedente conocido de reciente data fue cuando fueron juzgados el Capitán y el Gordo Bayon, por el caso de la masacre de Vista Alegre, ocurrida el 29 de febrero de 2012. En esa ocasión, las comunidades tomaron la sede de los tribunales para presionar por la liberación de estos dos sujetos, cosa que al final lograron, a pesar de todos los elementos de convicción presentados por la fiscalía en aquella ocasión.
Pero nunca habían sido secuestrados los jueces, los detenidos y el personal administrativo del despacho de justicia.
Los defensores de los imputados están solicitando a la sala penal del TSJ la aplicación del avocamiento a fin de que conozcan del expediente y se revisen los vicios que allí cursan.
Piden que sean juzgados en libertad y que sino los dejen recluidos en tribunales de Ciudad Guayana y que no sean enviados para La Pica en Monagas y para Agua Salada en Ciudad Bolívar, como dictaminó la juez.
Lo cierto del caso es que la justicia en Ciudad Guayana está en serias dudas puesto que las denuncias de injusticias, de funcionamientos de tribus y mafias, de atrasos en la prestación de justicia y del funcionamiento del juez invisible, mejor conocido como el teléfono rojo, forman parte del pan nuestro de cada día en el Palacio.
Los trabajadores de la construcción aseguran que están cansados de los atropellos y advierten que los estudiantes destrozaron calles, semáforos, vías públicas y a ellos no se les dio el trato que recibieron ellos, no los dejaron presos, a pesar de que hay pruebas evidentes de sus destrozos, mientras a ellos, los acusan de extorsión, sin presentar las pruebas de ello y los dejan preso pero además los quieren mandar fuera del estado. Carmen Carrillo
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Yáñez indicó que la donación de los dos transformadores fue gracias a la buena voluntad de personas que apuestan por el cambio de este país.
