La
“grave crisis sanitaria” padecida por los habitantes de los
sectores Gran Sabana, Espada de Jehová y Jeremías, todos ubicados
en la UD-337, por el desbordamiento de aguas fecales, fue denunciada
este martes ante la Defensoría del Pueblo de Puerto Ordaz. Al
organismo acudieron residentes de las zonas afectadas junto con el
concejal del municipio, Iván Yáñez, para también acusar al
presidente de Hidrobolívar, Teófilo León, por hacerse “de oídos
sordos ante el problema”.
El
edil aseguró que el problema data desde hace cinco años. “Para
esa fecha se presentaba de manera intermitente, pero no fue hasta el
2015 que arreció, momento en el que voceros de los diferentes
consejos comunales comenzaron a notificar por escrito de lo sucedido
a Hidrobolívar, sin que hayan podido conseguir respuestas
favorables”.
Las
aguas putrefactas no solo recorren las calles, sino que en ocasiones
los lugareños tienen que lidiar con ellas dentro de sus propias
viviendas, lo que también ha contribuido con la proliferación de
enfermedades respiratorias, dérmicas, gastrointestinales; además,
del dengue y zika que afectan principalmente a niños y ancianos.
“Necesitamos
que el presidente de Hidrobolívar, Teófilo León, cumpla con el
compromiso que asumió una vez encabezó la empresa. Tiene una
responsabilidad mayúscula y, aunque entendemos que este desastre se
generó y agudizó en administraciones anteriores a la suya, es su
deber como funcionario público y como cabeza de esa institución
cumplir con la población”, apuntó.
Lugareños
reseñaron ante la Defensoría del Pueblo de Puerto Ordaz que los
botes de agua se originaron por “fallas en la estructura” y por
el poco mantenimiento. “Lo veníamos advirtiendo en reiteradas
ocasiones, pero nadie nos hizo caso (...) Exigimos soluciones
inmediatas, no podemos permitir que nuestros hogares se caigan a
pedazos”.
El
concejal dijo que vecinos de Gran Sabana, Espada de Jehová y
Jeremías sienten que el Gobierno regional, a través de sus
instituciones, violan derechos como los establecidos en los artículos
82 de la Constitución de Venezuela que establece la posibilidad de
un venezolano a vivir en un techo digno y saludable; del 83 de la
misma Carta Magna que garantiza el derecho a la salud y, también,
del 43 que establece que “el derecho a la vida es inviolable”.
Por
último, pide a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse en favor de
una comunidad afectada que solicita atención inmediata.
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